Seguridad Social

Desde la declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, se establece la Seguridad Social como un Derecho Humano; es también llamada protección social, y como derecho humano se define como un conjunto de políticas y programas para reducir y prevenir la pobreza y las situaciones de vulnerabilidad durante todo el ciclo de vida, y respaldar el desarrollo inclusivo y sostenible.

Las políticas de protección o seguridad social aumentan los ingresos de los hogares, impulsan la productividad y el desarrollo humano, aumentan la demanda interna, facilitan la transformación estructural de la economía y promueven el trabajo decente.

La seguridad social desempeña un papel clave en el logro del desarrollo sostenible y la justicia social y se debe garantizar su acceso para todos y todas.

Incluye: beneficios familiares y por niño o niña, las prestaciones de maternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, así como las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y la protección de la salud; abordando todas estas ramas mediante una combinación de regímenes contributivos (seguro social) y de prestaciones no contributivas financiadas con impuestos, en particular estímulos sociales como los que se otorgan con recursos del Fondo de Asignaciones Familiares.

Las acciones para garantizar la Seguridad Social, forman parte sustantiva de todo el quehacer del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de instituciones como el IMAS, la CCSS, El PANI, el INAMU y el Ministerio de Salud, entre otras.